CONCAPA PIDE
QUE, EN LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR, SEA EL AGRESOR EL QUE SE MARCHE DEL
CENTRO
Madrid, 10 de Enero de 2007.-
En Barcelona un alumno ha sido cambiado
de centro educativo tras sufrir acoso escolar y así, una vez más, el agresor
permanece en el colegio mientras que la familia del agredido se ve en la
necesidad de matricularle en otro centro.
Pese a la abundante demagogia política
–manifestaciones vacías restando importancia a estos sucesos que se pretenden
presentar a la sociedad como esporádicos y accidentales, o hablando de planes y
acuerdos con otros Ministerios pero obviando a las familias- lo cierto es que
estos casos no paran de crecer y aparecer, pese a que muchos de ellos no llegan
a los medios de comunicación.
En esta ocasión ha sucedido en la escuela IPSI
de Barcelona pero anteriormente sucedió en otros, como el Colegio Condes de
Aragón de Zaragoza donde se causaron daños de consideración por los alumnos que
continúan en el mismo centro porque las autoridades educativas han obviado la
voluntad del centro, de su consejo escolar, de su APA y, en definitiva, de las
familias.
Con esta política de tolerancia con el agresor
o infractor de las normas de convivencia más básicas o elementales se está
consiguiendo unos efectos perniciosos que redundan en más violencia. Se
convierte a los “antihéroes” en modelos educativos que se pavonean impunemente
frente a sus compañeros, que ven como conductas incluso muy violentas no llevan
aparejada la más grave de las sanciones como es la expulsión del centro. Por el
contrario, las víctimas en lugar de verse protegidas, consideradas y arropadas
por la totalidad del centro -y sobre todo por las autoridades educativas- se ven
obligadas a silenciar sus agresiones o se exponen a tener que abandonar el
colegio.
Por ello, CONCAPA solicita a las autoridades
educativas el suficiente sentido común para que los actos graves de violencia
escolar lleven aparejadas dos consecuencias públicas y manifiestas:
1.- Apoyo incondicional a las víctimas, a
quienes en justicia hay que restituir la libertad que les arrebatan sus
agresores para que puedan tener una convivencia pacífica que les permita
instruirse y formarse adecuadamente, dentro del mismo centro.
2.- Sancionar a los agresores con la expulsión
del colegio -si así lo considera el consejo escolar de centro- no sólo como
medio coercitivo, que les permita aprender las consecuencias de sus graves
actos, sino también como ejemplo para el resto del alumnado que tiene que
percibir con claridad que los premiados nunca son los agresores. En caso
contrario, las autoridades educativas en lugar de formar estarán primando la
violencia.
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